ELIMINAN FUERO CONSTITUCIONAL EN BC
- El dictamen donde se deroga esta figura en la Constitución local será turnado a los Ayuntamientos para su aprobación o rechazo
- El dictamen en el que se anula el fuero a nivel federal, se enviará al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente
Mexicali, B. C., jueves 9 de marzo de 2017.- Los diputados integrantes de las fuerzas políticas del Congreso de Baja California aprobaron por unanimidad de votos, los dictámenes 4 y 5 provenientes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante los cuales se elimina el fuero a nivel federal y estatal, respectivamente.
El dictamen 4, leído en tribuna por el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), contiene iniciativas presentadas por los partidos PBC, MC y PAN para reformar diversos artículos de la Constitución nacional, a fin de que pueda procederse penalmente contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros y magistrados federales, fiscal General de la República, así como contra gobernadores, diputados y magistrados de las entidades, entre otros servidores públicos de la administración federal y de los gobiernos estatales.
Para que pueda procederse penalmente contra ellos, contempla el referido dictamen, “bastará con la notificación a vinculación a proceso que realice el juez que conozca de la causa penal, al servidor público de que se trate en términos de la Ley, para que proceda de inmediato a la separación temporal del servidor público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal”.
Agrega que “el servidor público que se encuentre sujeto a proceso penal, únicamente podrá ser separado del cargo si se trata de delitos catalogados como graves de conformidad con esta Constitución. En este caso el juez de la causa procederá a la separación del cargo, salvaguardando sus derechos. En el caso de los servidores públicos de elección popular, el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la Legislatura local de que se trate, hará la declaratoria de separación temporal del cargo, en los términos de su Ley Orgánica”.
En cuanto al dictamen 5, que comprende iniciativas de los partidos PBC, MC, PRI y PRD para modificar artículos de la Constitución de Baja California y leído por el legislador Alejandro Arregui Ibarra (PRI), se establece que para proceder penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así como contra presidentes municipales y regidores, entre otros funcionarios del Estado, “bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código de Procedimientos penales”.
Dispone también que “en tratándose de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la separación del cargo en los términos de Ley”.
Además, se instaura de “que en el caso de que la resolución del juez fuese no vincular a proceso, o que vinculando al mismo, las medidas cautelares no impidiesen al servidor público permanecer en el cargo, éste solo podrá ser separado por resolución judicial ejecutoriada, sin que lo anterior demerite o impida el desarrollo del debido proceso penal de que se trate”.
El dictamen 4 aprobado por la XXII Legislatura de Baja California será enviado al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda; mientras que el número 5 se turnará a los Ayuntamientos del Estado, para que sean votados por sus respectivos cabildos. En caso de que la mayoría de éstos lo avalen, el Congreso procederá a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional de las presentes reformas.
El dictamen 4, leído en tribuna por el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), contiene iniciativas presentadas por los partidos PBC, MC y PAN para reformar diversos artículos de la Constitución nacional, a fin de que pueda procederse penalmente contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros y magistrados federales, fiscal General de la República, así como contra gobernadores, diputados y magistrados de las entidades, entre otros servidores públicos de la administración federal y de los gobiernos estatales.
Para que pueda procederse penalmente contra ellos, contempla el referido dictamen, “bastará con la notificación a vinculación a proceso que realice el juez que conozca de la causa penal, al servidor público de que se trate en términos de la Ley, para que proceda de inmediato a la separación temporal del servidor público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal”.
Agrega que “el servidor público que se encuentre sujeto a proceso penal, únicamente podrá ser separado del cargo si se trata de delitos catalogados como graves de conformidad con esta Constitución. En este caso el juez de la causa procederá a la separación del cargo, salvaguardando sus derechos. En el caso de los servidores públicos de elección popular, el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la Legislatura local de que se trate, hará la declaratoria de separación temporal del cargo, en los términos de su Ley Orgánica”.
En cuanto al dictamen 5, que comprende iniciativas de los partidos PBC, MC, PRI y PRD para modificar artículos de la Constitución de Baja California y leído por el legislador Alejandro Arregui Ibarra (PRI), se establece que para proceder penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así como contra presidentes municipales y regidores, entre otros funcionarios del Estado, “bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código de Procedimientos penales”.
Dispone también que “en tratándose de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la separación del cargo en los términos de Ley”.
Además, se instaura de “que en el caso de que la resolución del juez fuese no vincular a proceso, o que vinculando al mismo, las medidas cautelares no impidiesen al servidor público permanecer en el cargo, éste solo podrá ser separado por resolución judicial ejecutoriada, sin que lo anterior demerite o impida el desarrollo del debido proceso penal de que se trate”.
El dictamen 4 aprobado por la XXII Legislatura de Baja California será enviado al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda; mientras que el número 5 se turnará a los Ayuntamientos del Estado, para que sean votados por sus respectivos cabildos. En caso de que la mayoría de éstos lo avalen, el Congreso procederá a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional de las presentes reformas.
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